La miseria en el campo andaluz

La agricultura andaluza ha sido durante siglos el condicionante básico de la economía de Andalucía y, según historiadores y expertos, una de las claves fundamentales del subdesarrollo y la dependencia de Andalucía respecto a otras regiones de España. No obstante, la agricultura andaluza actual presenta rasgos que han hecho que la euforia suscitada por el crecimiento económico operado en Andalucía se haya trasladado asimismo a la esperanza de futuro en el campo andaluz. La agricultura andaluza difiere de la europea, punto de referencia inevitable, no sólo en la estructura de la propiedad de la tierra, sino asimismo en las condiciones climáticas (calorlluvia) que la hacen poseedora de un clima semiárido.

El tamaño medio de las explotaciones agrícolas europeas se sitúa entre las 10 y las 20 hectáreas, mientras en Andalucía coexisten de modo salvaje las grandes extensiones latifundistas (según el catastro de 1960, el 40 por ciento de las fincas españolas de más de 500 hectáreas estaban en Andalucía y esencialmente no han cambiado esos datos) con las mínimas superficies minifundistas. La población activa agraria presenta, consecuentemente, un alto porcentaje de asalariados, casi el 63 por ciento, muy alejada de los valores de los mismos parámetros europeos. Igualmente contrasta el 19,3 por ciento de población activa agraria andaluza sobre el total, cifra sólo superada por Portugal y Grecia.

La incorporación a la CEE ha presentado graves problemas a la agricultura andaluza, incapaz por el momento de conseguir una estructuracompetitiva. En primer lugar, se plantea el problema de los productos. De algunos de ellos como la leche, la carne de vacuno y cerdo, vino, aceite, cereales y remolacha no se puede incrementar globalmente la producción. Otros como las frutas, las hortalizas, algodón, arroz y la carne y derivados del ganado lanar y cabrío, pueden experimentar cierto alivio. Según los expertos, es ineludible la orientación de la agricultura andaluza hacia los sectores en los que puede ser realmente competitiva, especialmente en los productos que se cultivan en regadíos, sustancialmente los hortofrutícolas.

Por otra parte, resulta evidente que la estructura productiva de la agricultura andaluza no puede soportar la presencia de una población activa agrícola cercana al medio millón de personas, que, aunque desciende lentamente desde hace ocho años, no lo hace al ritmo exigido por las circunstancias. Según los especialistas, de la tasa actual del 19,3 por ciento de población activa' agrícola habría que pasar a una tasa no superior al 12 por ciento en los próximos años, lo que implica la desaparición de 150.000 puestos de trabajo. No hay que olvidar que en el campo andaluz por cada persona que trabaja hay otra en el paro, y que de cada cuatgro parados andaluces, uno es jornalero agrícola.

Como solución de urgencia a esta dramática situación, sólo los subsidios agrarios que afectan a 300.000 personas y el Plan de Empleo Rural suponen un desahogo, condicionado por las formas de acceso a estas prestaciones denunciadas por la oposición política como «serviles» hacia el poder que las administra y, en algunos casos, claramente fraudulenta. Esta situación, además de los defectos evidentes en la comercialización y distribución de los productos que arrebatan valor añadido a los agricultores, suscitó a comienzos del gobierno autonómico socialista la oportunidad de abordar una denominada «Ley de Reforma Agraria», propuesta por el entonces presidente Escuredo y asumida por el presidente Borbolla, considerada insuficiente por la izquierda comunista y reliquia de las aventuras agrarias republicanas por la derecha.

La gran complejidad técnica y jurídica de la ley elaborada por el PSOE ha motivado su paralización continua gracias a los recursos presentados por los afectados y la propia torpeza jurídica de la propia Administración Autonómica. En los últimos tiempos, los expertos de la propia Junta desestiman una política de expropiaciones y se inclinan por una política pragmática que incremente el' número de jornales y se adapte a las exigencias europeas. Desde una perspectiva comarcal, es la zona de la campiña del Guadalquivir, Guadix-Baza, Antequera, Ronda, etcétera, casi un 30 por ciento del suelo agrario la que presenta problemas por ser cultivos de secano, por las limitaciones europeas y el escaso número de jornales generados.,Una situación de pobreza sin salidas a corto plazo presentan las zonas de montaña, Sierra Morena y la Penibética, que ocupa el 50 por ciento del territorio andaluz, sin apenas salida más que en el turismo, pastos y la ganadería.

Es la comarca del valle del Guadalquivir y los litorales la que presenta mejores perspectivas de futuro y gran empuje económico, a causa de la inyección de la inversión pública en infraestructuras, el turismo y los cultivos de regadío e invernaderos, si bien amenazados a medio plazo por las agriculturas mediterráneas del Magreb que compiten ferozmente gracias a sus bajos costes salariales. Por ejemplo, un jornalero marroquí cobra 200 pesetas por una jornada de recolección de naranjas mientras en Andalucía se paga esa misma jornada a 3.000 pesetas.

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