14 junio 2012

Los socialistas ya cerraron la minería

Los encierros de mineros en varios pozos del norte de España y los duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad resuenan aún lejos de Madrid y del palacio de La Moncloa. Sin embargo, a medida que avanza la reivindicación en las Cortes -ayer hasta con mineros en la tribuna de invitados del Congreso-, el problema de la desaparición de todo un sector energético se escucha cada vez con más fuerza en el Gobierno. 

Ayer, el ministro de Industria, José Manuel Soria, responsabilizó al Ejecutivo anterior del cierre de los pozos mineros. Y llegó a apuntar que lo único que hace el Gobierno de Mariano Rajoy es «seguir literalmente el plan de cierre» que aprobó el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Soria recordó en el Congreso a los diputados socialistas por León, José Antonio Alonso, y por Asturias, Antonio Trevín, que en agosto de 2011 el Gobierno anterior remitió a Bruselas un «plan de cierre definitivo de la minería» que preveía una disminución de las ayudas de un 25% en 2013, de un 40% en 2015 y de un 75% en 2017. Además, el mismo plan prevé cero ayudas en 2019 y el cierre de todas las explotaciones que no puedan devolver el dinero recibido hasta entonces. 

El titular de Industria también recordó que el comisario europeo de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, aseguró en febrero en Madrid que «el carbón y cualquier otro sector que reciba ayuda pública no compatible tiene que devolverla». 

Tras su exposición, Soria fue acusado de mantener «una cruzada ideológica contra la minería», de haber «pegado un hachazo terrible a los fondos» para el sector o de «llevarse por delante tan sólo en León más de 5.000 puestos de trabajo», una «barbaridad», en palabras del ex ministro José Antonio Alonso. 
El diputado Antonio Trevín, por su parte, acusó al ministro de estar actuando con «autoritarismo» y «suficiencia» y de pertenecer a un Ejecutivo que destina 100.000 millones de euros a la banca y se niega a aportar 255 para mantener los empleos de la minería. Trevín pidió a Soria que reciba a los mineros. «Si los recibe», le espetó, «le podrán aportar lámparas como ésta», momento en el que enarboló una lámpara minera ante el Pleno del Congreso. En ese instante, unos cinco mineros se levantaron en la tribuna de invitados y mostraron camisetas negras en las que se podían leer las frases «No al cierre de las minas de carbón» y «Quieren acabar con todo». 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenó su desalojo, que llevaron a cabo de forma inmediata varios policías de paisano que normalmente cuidan por el orden en esta tribuna. Los diputados del Grupo Socialista y de La Izquierda Plural se levantaron en ese momento y comenzaron a aplaudir a los trabajadores expulsados de la Cámara Baja. 
A la salida del Pleno, los mineros explicaron a los periodistas que «las siguientes reivindicaciones serán mucho más subidas de tono». 

El secretario de la Federación de Industria de CCOO en León, Alberto González, que acompañó a los mineros, señaló que lo único que reclaman es «luz y futuro para las comarcas mineras» ya que la falta de ayudas obligará a las familias de estas zonas a emigrar al quedarse sin sistema productivo. 

Entre otras acciones, las mujeres de los mineros de las comarcas castellanoleonesas de Babia y Laciana han decidido esta semana desplazarse a Madrid para asistir en el Senado a la votación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que dejarán sin gran parte de las ayudas previstas al sector del carbón, según informa Efe. 
Pero el grave problema de estas comarcas le puede estallar al PP entre sus propias filas. Ya son varios los senadores, encabezados por el ex alcalde de León Juan Morano, que han asegurado que van a romper la disciplina de voto del Grupo Popular y votarán en contra de la reducción drástica de las ayudas a la minería. 

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, ha llegado a mostrarse partidario de que los 29 senadores del PP de Castilla y León castiguen al Gobierno con su voto en contra a los Presupuestos Generales del Estado mientras incluyan la reducción prevista de las ayudas en más de un 60%. La propuesta de romper la disciplina de voto partió del PP de León y amenaza con abrir una grieta importante en el grupo mayoritario de la Cámara Alta. 

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