15 agosto 2017

Escandalosas recomendaciones

EL original del certificado de fabricación de la máquina actualmente en explotación. Transcurrido dicho plazo, se archivarán sin más trámites todos aquellos expedientes en los que no consten los originales». El 9 de julio de 1987, José Joaquín Portuondo, mediante otra circular, dejó sin efecto la de noviembre del año anterior y comunicó la nueva documentación exigible en las máquinas, que debería ser «necesariamente a partir del 20 de junio y en lugar visible la siguiente: permiso de explotación, placa de identidad y justificante del pago de la tasa fiscal, sin que esta documentación pueda ser suplida por ninguna otra». En 1985, después de la publicación del Decreto 214/85, las empresas operadoras de máquinas «B», realizaron solicitudes de permisos de explotación en la Dirección de Juego. Algunas empresas operadoras estaban ya registradas, por lo que no pasaron por el trámite obligado de inscripción. No obstante, otras empresas sí tuvieron que realizarlo, y quedó constancia de la documentación que presentaron en la Dirección de Juego.

Para este trámite se concedió el citado plazo de tres meses que caducaba el 19 de octubre, pero el mismo fue ampliado por una Orden (texto legal de menor rango) de Luis María Retolaza en un mes, hasta el 19 de noviembre. En 1986, la Dirección de Juego, después presumiblemente de comprobar la documentación exigida, procedió a expender a las asociaciones de «maquineros» justificantes de solicitud de permisos de explotación, los cuales eran visados con sellos de las diferentes Brigadas de Juego de cada una de las tres provincias vascas. Según fuentes de la Ertzantza, para estos casos se empleaba un selló común en los tres territorios, lo que demuestra que los sellos empleados no eran los adecuados. Según las fuentes judiciales vascas consultadas por , no se ha cumplido el Decreto de 2 de julio de 1985, «y no se ha respetado el principio de jerarquía jurídica, ya que una Orden posterior amplió un plazo establecido por un Decreto. Del mismo modo, la circular de octubre de 1986 dejó sin efecto tanto el Decreto como la Orden, al señalar que se admitía documentación de las tasas de 1984 y 1985 hasta el 16 de noviembre de 1986, un año después de haberse terminado el plazo establecido». Entre noviembre de 1986 y febrero de 1987, aparecieron en el País Vasco tasas de máquinas tragaperras tipo «B» falsificadas o paralelas, las cuales servían para la presentación de documentación en la Dirección de Juego, que permitía seguidamente la concesión de los permisos de explotación provisionales. El objeto de las normas legales citadas anteriormente era el control y reducción del parque de máquinas tragaperras tipo «B», pero la realidad de los acontecimientos demuestra que la evolución del parque no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado notablemente. Así, en Alava, el parque de máquinas tipo «B» ha seguido la siguiente evolución:1984....1.787 máquinas. 1985....1.948 máquinas. 1986....2.017 máquinas. 1987....2.008 máquinas. 1988....2.110 máquinas. 1989....2.225 máquinas. Los datos correspondientes a Guipuzcoa son también elocuentes respecto a su concordancia con el espíritu del Decreto: 1984....4.075 máquinas. 1985....4.075 máquinas. 1986....4.350 máquinas. 1987....4.500 máquinas. 1988....4.670 máquinas. 1989....4.780 máquinas. En lo que se refiere a la provincia de Vizcaya, los números se han disparado notablemente. Pese a que no se conoce oficialmente el número de máquinas existente,  ha tenido acceso a diversos documentos internos de la Ertzantza, según los cuales, en 1984 había en Vizcaya 5.500 máquinas tipo «B», y en la actualidad son cerca de 11.000, cuando sólo se han pagado oficialmente las tasas de unos 6.000. De todos estos datos se concluye que el número de permisos de explotación provisionales de esta clase de máquinas se ha elevado ilegalmente, sin que el Gobierno Vasco, que tenía conocimiento de lo que ocurría a través de miembros de la Ertzantza, hiciera nada por evitarlo. Todas estas peticiones fueron almacenadas en la Dirección de Juego durante un año, período en el cual los operadores explotaron las máquinas con unas tarjetas de color blanco que expedía la Asociación de Empresarios de Máquinas de Vizcaya, y que eran selladas por las correspondientes Brigadas de Juego de cada provincia de modo irregular, como se ha explicado anteriormente. Durante 1987, la Dirección de Juego confeccionó unos cajetines (permisos para adosar a las máquinas), que José Joaquín Portuondo, director general de Juego, dejó de firmar en el mes de marzo, paralizando el proceso de entrega. La explicación oficial fue que se estaba elaborando un nuevo formato diferente que recogía el canje de máquinas.

En agosto de 1988 comenzaron a entregarse los permisos nuevos, que tardaron en salir tres años. En este período, la Administración Vasca no permitió la entrada en la Comunidad Autónoma de máquinas con guía de circulación procedentes de otras comunidades, y formalmente no se han registrado nuevas solicitudes de máquinas ni de inscripción de empresas operadoras. Como consecuencia de lo anterior, se ha creado un mercado negro de compra y venta de permisos. La empresa Atotxa, dedicada a la explotación de máquinas y con sede en Guipuzcoa, vendió a la compañía Euskomak 100 máquinas tipo «B», con sus correspondientes tasas. Estas 100 máquinas suponían el total de las que disponía Atotxa. Pese a ello, esta compañía continuó operando con 100 permisos de explotación, de los cuales no podía disponer licitamente. Con motivo de la destrucción de 100 máquinas solicitada por Pedro Alberto Jiménez en nombre de la empresa Euskomak (con número de CIF A20081493) a la Ertzantza de Guipuzcoa el día 13 de febrero de 1987, el ertzaina que instruyó el expediente detectó dos irregularidades: todas las máquinas se presentaron con un permiso de explotación, del que sólo podían disponer una vez efectuada la destrucción. las 100 máquinas, que suponían la totalidad del parque de Euskomak, tenían sin pagar las tasas del ejercicio de 1986, al constar en el acta de destrucción que estaban dadas de baja dicho año, de lo cual se deduce que estas máquinas no trabajaron durante ese ejercicio. Esto resulta difícil de creer si se tiene en cuenta que se trataba de la totalidad de las máquinas de esa empresa.

El ertzaina informó a sus superiores de las irregularidades detectadas, pero las máquinas fueron destruidas por órden de José Joaquín Portuondo, director de Juego de la Ertzantza, pese al informe contrario del instructor, a que faltaban algunas fichas de identidad y a que la documentación se entregó en fotocopias, no en originales. La empresa Euskomak solicitó los permisos de explotación para sus 100 máquinas el 5 de febrero de 1987, y ese mismo día obtuvo los mismos, sin que existiera tiempo material para haber estudiado la documentación presentada. Por otra parte, Indutek S.A., empresa constituida en 1986 en Guipuzcoa, se dedicó a, con tasas procedentes de máquinas instaladas en salones recreativos, en su mayoría ilegales, otorgar permisos que habían alcanzado un valor aproximado de 1.000.000 de pesetas. Según las fuentes de la Ertzantza consultadas por , el director de Juego, José Joaquín Portuondo, tenía conocimiento de estos hechos, e incluso lo había comentado en alguna ocasión con José María Otero Fariñas, presidente de la Asociación de Empesarios de Máquinas de Vizcaya, con el que mantiene una estrecha relación de amistad. Ambos han sido vistos juntos tanto en Algorta (Vizcaya), como en la localidad andaluza de Chiclana, en donde también pasa largas temporadas el principal accionista de Iontxa, una de las empresas beneficiadas en este «affaire». Todos ellos mantienen relaciones con José Mari Zaldúa, esposo de una secretaria de Retolaza llamada Garbiñe. Indutek S.A., pretendía explotar las máquinas directamente, pero no fue posible al carecer de medios para introducirse en los bares. Por ello, la Dirección de Juego entregó a EBILSA S.A., empresa con sede en Bilbao, más permisos de los solicitados, y a través de EBILSA se instalaron máquinas en diversos bares. En EBILSA trabajaba una hija de Genaro García de Andoain Según las fuentes consultadas por , Félix Ilarramendi (conocido como «Manolo» en  de las tragaperras) responsable de finanzas del PNV, había sido informado también de la existencia de este mercado negro.

La Consejería de Interior del Gobierno Vasco la encabeza actualmente Juan Lasa, quien sustituyó a Luis María Retolaza, forzado a abandonar el cargo por el escándalo de las recomendaciones y arbitrariedades cometidas por el PNV en la selección de los aspirantes a ingresar en la Ertzantza. Pese a su salida, pactada por el PNV y el PSOE, Retolaza mantiene el control de la Policía Autónoma a través de hombres que le son fieles desde puestos clave de. Además del escándalo de la selección de aspirantes a ertzainas y este que hoy denuncia , la Consejería de Interior se ha visto mezclada en otros asuntos turbios, como las escuchas telefónicas ilegales al ex lehendakari Carlos Garaicoechea, el acceso del PNV a información confidencial de Interior y las investigaciones efectuadas por la Ertzantza sobre el denominado «caso GAL». El Gobierno Vasco no aportó al juez todos los datos que tenía. José Joaquín Portuondo, director de Juego, fue letrado de Presidencia y Justicia y accedió a su puesto actual gracias a la recomendación de Peio Caballero, actual vicesecretario de Planificación e íntimo amigo de Retolaza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario