25 agosto 2017

La corrupción en el poder

Moros», «dragones», «primos», «demonios», nombres en clave que utilizaron Salvador Palop, Angel Sanchis y Rosendo Naseiro en sus conversaciones telefónicas para designar a importantes empresas de la construcción presuntamente implicadas en el pago de comisiones. Dragados y Construcciones, Construcciones y Contratas, Ocisa, Huarte e Hispano Alemana, Etra, Futuro Financiero y sus sociedades filiales, Prima Inmobiliaria, Invalesa y sociedades concesionarias de aparcamientos urbanos son, fundamentalmente, las que han aparecido mencionadas en el sumario del «caso Naseiro». Ocasionalmente, se citan sin nombres otras sociedades que estarían involucradas en la trama del cobro de comisiones, como la dedicada a la instalación de servicios públicos en las playas (a los que Angel Sanchis se refiere como «bañotos»). Para fiscales y jueces va a ser muy difícil probar el pago de comisiones por dichas empresas. Entre otras razones porque no hay en el sumario ningún documento que lo certifique. Tan sólo unas conversaciones telefónicas.

Luis Balaguer, responsable de Etra, reconoció en sus declaraciones al juez que habló con Palop del pago de una comisión si se conseguía una contrata de alumbrado en Madrid. Rosendo Naseiro dijo también ante el juez que Balaguer mencionó el pago de un donativo de entre 2 y 25 millones de pesetas. Por su parte, Carlos Bonet, delegado de Huarte en la Comunidad Valenciana, reonoció que había hablado con Palop sobre el cambio de posición en el Ayuntamiento de Valencia para la construcción de un Poliderportivo, paralizado por la oposición del PP. Sin embargo, negó el pago de comisiones. El Ayuntamiento votó a favor de la devolución a esta empresa de 22 millones, que había sido el costo de la cimentación del polideportivo paralizado por la oposición municipal. De sus declaraciones en el sumario podría deducirse que su empresa abonó esa cantidad, pero no fue así según ha comprobado este periódico. Tanto Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, como Manuel Romillo, consejero delegado de esta sociedad, se entrevistaron con los implicados en el caso. La pretensión de Palop, era que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante apostara por la oferta de Dragados y Construcciones para la contrata de basuras de la ciudad, que suponía 21.000 millones de pesetas. Naseiro, que tenía que haber realizado la gestión, negó ante el juez que hubiese hablado con la portavoz popular en el Ayuntamiento alicantino. Rosendo Naseiro se entrevistó con John Gómez Hall, máximo responsable de Prima Inmobiliaria, en Madrid. Prima, sociedad ligada a KIO (los «moros»), es la propietaria de unos terrenos en la Plaza de Castilla de Madrid, donde se proyectan construir dos torres de 27 plantas. 

La entrevista se enmarca en la aprobación de la licencia de obras definitiva por el Ayuntamiento, lo que se produjo tras alguno meses de retrasos injustificados. La empresa Ocisa aparece en el sumario como aportadora de un pequeño donativo de 500.000 pesetas al Partido Popular. Esta empresa es calificada como «tacaña» y como una de las que no suelen «pasar por taquilla». Futuro Financiero es una sociedad clave en el sumario. En esta sociedad figuran como accionistas Salvador Palop, Arturo Moreno (secretario de acción electoral del PP); Javier Domínguez, redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera; Antonio Fontán y Alvaro Alonso Castrillo. Este último fue uno de los máximos responsables de las finanzas de la UCD. También fue uno de los fundadores de la sociedad financiera Banif, ahora propiedad del Banco Hispano Americano. Justamente, la sede de Futuro Financiero se encuentra ubicada en el mismo edificio que Banif.

En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, Salvador Palop comenta a un amigo suyo que pretende asociarse con un miembro del PSOE a través de una de las sociedades filiales de Futuro Fianciero, «para coger....los dos bandos». Otra de las sociedades mencionadas en el sumario es la inmobiliaria Torneó, en la que figura también como accionista el concejal Salvador Palop. Según informaron fuentes empresariales, la asociación de empresas de la construcción Seopan convocó una reunión en la que se trató sobre el pago de comisiones como consecuencia de las revelaciones aparecidas en el «caso Naseiro». Los grandes constructores decidieron no hacer ningún tipo de comunicado oficial sobre el asunto, ya que ello hubiera implicado, de alguna manera, el reconocimiento de unos hechos que no están probados. Un destacado constructor manifesto a este periódico que el cobro de comisiones se encuentra circunscrito a las administraciones locales. Tanto la Administración central, a través del MOPU, como las administraciones autonómicas, suelen actuar de una forma absolutamente nítida y las adjudicaciones de obras se realizan sobre criterios profesionales. 

«La corrupción en esos niveles es mínima», manifestó la misma fuente. Sin embargo, en las administraciones locales es mucho más fácil entrar en el juego de las comisiones. En algunos casos, según reconocen fuentes del sector, este tipo de comportamientos irregulares se hacen incluso sin el conocimiento de las cúpulas de las empresas y responden a la necesidad de presentar buenos resultados por parte de los delegados regionales ante los directivos de las diversas compañías. El control sobre este tipo de operaciones es muy complicado ya que, en general, el pago de comisiones se realiza por el «método del maletín», con dinero contante y sonante, sin que existan cheques ni talones bancarios por medio, para no dejar pistas. Otro tema distinto son las aportaciones o donativos que hacen las empresas a nivel institucional a los partidos políticos. La mayoría de las grandes empresas constructoras han hecho este tipo de aportaciones en alguna ocasión.

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