Covite contra los peperos

Covite anunció ayer que se suma a la manifestación que el próximo 9 de junio criticará en Madrid la política penitenciaria del Gobierno del PP. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco justificó la decisión aduciendo que el nuevo Plan de Reinserción para presos de ETA esbozado por el Ministerio del Interior no sólo demuestra la «debilidad» del Ejecutivo popular, sino que provocará que la organización terrorista «se reafirme» en su exigencia de una solución colectiva para los reclusos que tiene prisión.

El posicionamiento evidenciado ayer por Covite en un comunicado agranda la brecha entre Partido Popular y damnificados por el terrorismo. Ese distanciamiento comenzó a intensificarse cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comunicó a distintos colectivos de damnificados que el Gobierno preveía aplicar un nuevo plan de reinserción para reclusos de la banda.

Que el Gabinete Rajoy no contase con las víctimas a la hora de promover dicho plan y que este no fuese bien recibido por los damnificados provocó que la plataforma Mujeres por la Justicia, creada en el seno de Voces contra el Terrorismo (VcT), convocara una manifestación para el próximo 9 de junio en Madrid. «Ante la impunidad, Justicia», será el lema.

Ya entonces la plataforma aseguró que el Plan de Reinserción era «un gran paso atrás». Ayer, Covite expuso que comparte esa tesis. En el comunicado que el colectivo envió a los medios de comunicación, expuso que hace escasos meses y antes de que el Gobierno del PP anunciase su nueva estrategia penitenciaria, solicitó al Ministerio de Interior que los tres requisitos exigidos a los terroristas para acceder a la vía Nanclares -declaración expresa de repudio de la violencia, petición expresa de perdón; y hacer frente a las indemnizaciones - se completaran con un cuarto: «Colaborar activamente con las autoridades» para contribuir al «fin del terrorismo».

En Covite aseguran que pese a que la formula que plantearon coincide «con las condiciones legales requeridas para el acceso al tercer grado penitenciario o a la libertad condicional», Fernández Díaz hizo oídos sordos.

«La política penitenciaria debería ajustarse a los requisitos exigidos por la ley en materia de tercer grado o libertad condicional, requiriendo la referida colaboración a aquellos terroristas que en estos momentos gozan de privilegios por todos conocidos. De esta forma nos ahorraríamos ejemplos como el del etarra arrepentido Valentín Lasarte [...], que se negó a identificar al también etarra Juan Ramón Carasatorre ante la Audiencia Nacional», insistió Covite.

Para la asociación vasca, el Gobierno central, «inclinándose hacia las tesis nacionalistas apoyadas por el Gobierno vasco, ha flexibilizado los requisitos exigidos hasta ahora» y, con ello, incurre en «un lamentable error». El Ejecutivo de Mariano Rajoy, añadió, ha dado un «paso hacia los terroristas» pensando que así el entorno de ETA caminaría hacia los demócratas. «Es un error de bulto, una estrategia equivocada, una muestra de debilidad», apostilló a renglón seguido.