Un Chernobil madrileño

Sin embargo algo falló el 7 de noviembre de 1970. Si fue una juntura o un depósito, no se sabe, pero un vertido radiactivo 4.000.000 de veces por encima de lo permitido para la salud humana -en algunos documentos se habla de 40 litros, en otros de 80- salió del reactor nuclear del Ciemat, en Ciudad Universitaria, y se desparramó por el mundo. 

Pasó de arroyo en arroyo, llegó al Manzanares, de ahí al Jarama, luego al Tajo y acabó provocando una lluvia de peces muertos en la mismísima bahía de Lisboa. En Chernóbil, en 1986, fue Suecia quien avisó horas después del escape, al recibir una extraña lluvia ácida, finalmente radiactiva. Aquí el caso no se destapó hasta 25 años después, cuando se supo que agricultores de la cuenca del Manzanares habían recibido, en los 70, la visita de científicos que se llevaron muestras de las hortalizas regadas con aquella agua. Los hortelanos, como siempre, habían vendido sus productos en mercados de Madrid. Algunos de ellos desarrollaron después dolencias cancerígenas, pero jamás se pudo demostrar una relación causa/efecto, pese a las denuncias de los grupos ecologistas y de vecinos de la Dehesa de la Villa, contigua al Ciemat. Las consecuencias de la radiactividad, dependiendo de los isótopos liberados, pueden extenderse por espacio de miles de años. 

Ahora, las sospechas en torno a la depuradora de La China, por la que pasó el vertido camino del Manzanares y después del Océano Atlántico, vuelven a emerger: el próximo 24 de abril, en el juzgado número 24 de lo Social de Madrid, un juez valorará si los trabajadores de La China han podido estar durante años en contacto con niveles no tolerables de radiactividad, o al menos si las sucesivas empresas que la han gestionado han tomado las medidas oportunas para proteger a los trabajadores, según la legislación de riesgos laborales. 

La noticia toca también, colateralmente (o no), al Ayuntamiento de Madrid, propietario de La China. La demanda la ha presentado Luis González, analista de laboratorio de la depuradora durante más de 23 años, que explica así su versión: «En la depuradora no se ha hecho ningún estudio serio de radiactividad, y si se ha hecho jamás se le ha dado trasparencia. Yo empecé a interesarme por el tema en 2005 e intentaron despedirme incluso comprando mi despido. Ni siquiera el comité de empresa de la depuradora se quiere mojar, porque temen que la cierren: aún hay allí 65 trabajadores». 

Su abogada explica que la demanda admitida a trámite «se ha presentado sencillamente por no adoptar las prevenciones adecuadas en materia de radiactividad y por una posible vulneración del artículo 15 de la Constitución, que es el de la integridad física. No podemos decir si hay isótopos o no, pero sí que las autoridades y la empresa no han sido trasparentes. Un trabajador, el electricista de la depuradora, ha tenido una enfermedad en los huesos que se relaciona con radiactividad». 

Los demandantes se apoyan en informes de Ecologistas en Acción y Greenpeace. Carlos Bravo, de esta última organización, apoya la tesis de que «hay un oscurantismo, como poco, sospechoso en todo esto». 

Este diario no pudo recabar ayer la versión de las empresas concesionarias, Isolux y Sice. El Ayuntamiento declinó hacer ningún comentario al respecto.