31 diciembre 2012

La injusta expropiación de Rumasa

El Tribunal Constitucional tendrá que estudiar de nuevo si parte del decretoley de Expropiación Forzosa de Rumasa es o no constitucional, al haber decidido el pleno de ayer admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sección séptima de la Audiencia de Madrid. Este tribunal ya se pronunció sobre el caso en dos ocasiones, pero siempre sobre la forma de la expropiación. Ahora tendrá que entrar en el fondo, para decidir si fue o no conforme a la Constitución. Tanto José María RuizMateos como su abogado, Ramón Pelayo, declararon que no esperan que el Constitucional les de la razón, porque para ellos esa alta instancia no es independiente.

La Audiencia pidió el pasado mes de junio al alto tribunal que se pronuncie sobre los artículos 1 y 2 del decretoley, por si estos fueran contrarios a los principios constitucionales de que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, lo que significa que no basta con la mera declaración de esa utilidad, sino que ésta debe estar razonada.

La otra duda sobre la constitucionalidad está, para la audiencia madrileña, en el hecho de que se expropiaron todos los bienes de Rumasa, sin distinguir entre los que era necesario someter a esa medida y los que no lo eran. Al saber la noticia, José María Ruiz-Mateos dijo que su sensación era «agridulce», porque está satisfecho por la admisión de la cuestión, pero siente «desconsuelo, ya que no existe una justicia independiente».

En su opinión, el Constitucional no ha tenido más remedio que admitir a trámite la cuestión, porque lo contrario hubiera sido muy criticado por la opinión pública y la abogacía españolas. Su abogado, Ramón Pelayo, sentenció con dureza: «No tengo la más leve esperanza de que puedan darnos la razón». Pelayo cree que el tribunal sólo podía admitir la cuestión planteada, pero lamenta que se vaya a estudiar si hubo causas para expropiar y si era preciso hacerlo con «todas» las empresas, incluso las saneadas, sin que ellos puedan decir nada. «No podemos alegar nada ante el tribunal -dijo Pelayo-, ni oponernos o recursar magistrados. Somos meros espectadores, cuando cualquier españolito lo discutiría en un recurso contenciosoadministrativo y sería una parte más del proceso. Es una situación aberrante».

Este abogado criticó también la composición del Constitucional, porque afirma que depende totalmente de la distribución de fuerzas parlamentarias. «No acuso de nada a los magistrados -aclaró-, pero nadie puede olvidar su ideología socialista, si fue nombrado por el PSOE, al dictar sentencias. Tenemos la mala suerte de que el partido que expropió nombró la mayoría del tribunal, por eso no soy en absoluto optimista».

El tribunal se pronunció ya al desestimar el recurso de Alianza Popular contra la expropiación por un decretoley y al resolver la cuestión de inconstitucionalidad que presentó un juez que alegaba indefensión de Ruiz-Mateos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene pendiente de resolver el recurso que en su día interpuso Ruiz-Mateos contra la expropiación.

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