30 octubre 2013

Créditos sin papeleos online

Montero pretende acabar con lo que, a juicio de Hacienda, constituye una práctica sospechosa de fraude: el traspaso del patrimonio entre miembros de una misma familia.

Para evitar el pago del impuesto sobre sucesiones, se recurre a donaciones, a cambios de titularidad, a minicréditos sin nómina o a préstamos intrafamiliares.

Estas prácticas no sólo son perfectamente razonables y legales, sino muy necesarias.

La nueva Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha estrenado en su cargo anunciando –so pretexto de controlar el "fraude fiscal"– la tramitación de una ley que pretende acabar con las transmisiones patrimoniales intrafamiliares hasta un año antes del fallecimiento del titular de los bienes. Ha elegido una expresión con aires existencialistas para justificar el despropósito: el "fallecimiento previsible con anterioridad".

La intención de la consejera es arrebatar a los herederos el derecho a pagar menos impuestos por el patrimonio de sus ascendientes. Formulada así parece copiada de una página de Ser y Tiempo de Heidegger: todos, en efecto, podemos prever nuestra muerte con anterioridad previsible.

La muerte es lo más postrero y, a la vez, lo más primario, lo que se anuncia desde el instante del nacimiento.

Ya escribió Horacio aquello de Vulnerant omnes ultima necat, es decir, "todas las horas hieren; la última, mata". Se deduce que la intención de la Hacienda autonómica no es intervenir a priori sólo el patrimonio de los ancianos, sino el de todos los andaluces, tengan la edad que tengan.

Y es que todos sin excepción morimos con previsible anterioridad.

El impuesto no sólo es arbitrariamente unilateral (el cálculo de lo que se debe pagar depende de Hacienda) u oneroso (es uno de los más elevados de los que quedan en España).

También es injusto; para evitar la mordida fiscal, les bastaría al testador y a los herederos con empadronarse en otra comunidad que haya abolido el impuesto.

En materia de sucesiones, el Estado Autonómico garantiza que los españoles son absolutamente desiguales ante la ley. Procurar esquivar a la Hacienda autonómica en este asunto es algo así como una rebelión cívica, una reivindicación del clásico principio de isonomía.

La intención de la medida no es justiciera, sino confiscatoria. Hay que mantener a toda costa lo que queda del statu quo o Gran Chiringuito. Es imposible, además, ignorar el halo de cinismo que la envuelve: la familia se ha convertido en Andalucía en el último refugio para los innumerables damnificados por una crisis inducida, en parte, por la pésima gestión del gobierno andaluz.

Mientras la Junta anuncia a bombo y platillo el reparto de comida en los colegios (¿cabe mayor fracaso de la Andalucía Imparable?), los padres pagan las hipotecas de sus hijos o de sus nietos, o los acogen de nuevo en casa, o salvan como pueden sus negocios.

Y lo seguirán haciendo como hasta ahora, aunque –claro está– rezando para que no llegue demasiado pronto el último suspiro.

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